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El decreto de modificación del texto se publica hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), según informó hoy la Generalitat en un comunicado. La directora general de Familia, Carolina Martínez, explicó que esta renovación introduce “una serie de mejoras técnicas, así como una adecuación a la realidad social actual y a la regulación normativa estatal y autonómica vigente” y destacó como novedad el texto, “la introducción del carácter único del expediente de protección de menores que tramita la Generalitat en cada ámbito provincial”.

Asimismo, subrayó que incluye la existencia de un documento único, el ‘Plan de Protección de Menores’, para aunar el conjunto de acciones y valoraciones que integran todo el proceso de intervención que se realiza cuando un menor ha sido separado de sus padres o tutores legales. En el documento único además, se debe reflejar por escrito “todos los elementos necesarios para el desarrollo, ejecución y revisión de la intervención que se realice con el menor y su familia”.

Para la directora general de Familia, la incorporación del Plan de Protección de Menores, “da coherencia al conjunto de normas que regulan los documentos técnicos que desarrollan los profesionales del sistema de protección de menores”. Por otro lado la modificación del Reglamento completa la regulación actual sobre las situaciones de riesgo de menores, “incorporando un aspecto técnico que permita cuantificar la realidad de cada municipio”.

En concreto, según la directora de Familia, “fija la necesidad de que las entidades locales establezcan los mecanismos necesarios para determinar, en todo momento, qué menores residentes en el respectivo municipio se encuentra en situación de riesgo”.

El nuevo texto también reglamenta la figura de las ‘guardas de hecho’, prevista de manera genérica en el Código Civil, “estableciendo la necesidad de comunicar a las autoridades judiciales la existencia de una guarda de hecho que no precise de la intervención de la Administración Pública”, indicó Martínez.

ACOGIMIENTO

Respecto al acogimiento de menores, el nuevo texto regula la modalidad de acogimiento simple con familia educadora de urgencia-diagnóstico, que se configura como “recurso alternativo” a la permanencia del menor en un centro de recepción.

Asimismo, la directora general de Familia indicó que la adaptación permite también “configurar la compensación económica que percibe la persona o familia de acogida del menor, en los casos de acogimiento en la modalidad de simple o permanente, no sólo como una ayuda o subvención, sino también como una contraprestación fruto de un negocio jurídico contractual”.

Igualmente, matizó, introduce algunas “mejoras técnicas en la tramitación de las solicitudes de adopción nacional e internacional, para incrementar la seguridad jurídica y la protección del interés del menor, así como para adecuar su contenido a lo dispuesto en la Ley de Adopción Internacional”.

En cuanto a los centros residenciales, según expuso Carolina Martínez, el texto actualiza y adecua la regulación referida a los documentos de planificación de los centros residenciales, a lo dispuesto en la normativa especifica vigente. Así, se distingue entre los documentos en los que se plasmará la planificación a largo plazo, de aquéllos en los que se plasmará a corto plazo.

Por otro lado, introduce una regulación del Dossier Individual del Menor como una “herramienta de organización y planificación, singular y personalizada de las actuaciones con el menor durante su estancia en un centro de protección y en continúa revisión, con el objetivo de influir positivamente en el desarrollo del menor en los diferentes contextos”.

Para la directora general de Familia, con la incorporación en el Reglamento la regulación del Dossier Individual del Menor, “se da coherencia al conjunto de normas que regulan los documentos técnicos que desarrollan los profesionales del sistema de protección de menores”.

Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana.

- La integración y el mantenimiento del menor en su entorno familiar.

- La disminución de los factores de dificultad social que incidan en la situación personal y social de los menores.

- La promoción de los factores de protección social de los menores con su familia.

- La prevención de situaciones de desarraigo familiar.

Las situaciones de riesgo se atenderán mediante las medidas de apoyo familiar que se describen más adelante.

Apreciada la situación de riesgo y establecido el programa de intervención, los padres o tutores deberán colaborar activamente en la ejecución de las medidas de apoyo acordadas, pudiendo ser plasmada dicha colaboración en documento administrativo. El agravamiento o persistencia de la situación de riesgo por la negativa o por la manifiesta falta de colaboración de los padres o tutores, podrá dar lugar a la declaración de desamparo del menor.

Se considera situación de riesgo para el menor, aquella que, por circunstancias personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un perjuicio para el desarrollo y/o bienestar personal o social del mismo sin que sea necesaria la asunción de la tutela por ministerio de la ley para adoptar las medidas encaminadas a su corrección.

En las situaciones de riesgo, el perjuicio que afecta al menor no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, por lo que la intervención de la Administración se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo.

Según el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, son situaciones de riesgo las siguientes:

1.- La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores siempre y cuando las omisiones en el cuidado de aquél sean esporádicas y leves.

2.- La utilización del abuso físico o emocional, siempre y cuando no se produzcan episodios graves de maltrato y/o no haya un patrón crónico de violencia en la dinámica relacional familiar.

3.- Aquellas potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y emocional en las que el menor tiene una satisfactoria y adecuada relación con alguno de los miembros de la familia, o bien una edad y un estatus físico, cognitivo, emocional o temperamental que reduce su vulnerabilidad ante las mismas.

4.- Aquellas de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad social, dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales para el menor, en las que se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres, tutores o cuidadores para su superación, pudiéndose abordar las mismas desde los recursos generales disponibles en la comunidad, así como con recursos especializados que se puedan llevar a cabo con la familia sin necesidad de asumir la tutela del menor.

5.- Cualesquiera otra situación que produzca en el menor un perjuicio en su desarrollo físico o psíquico, pero cuya magnitud se considere inferior al derivado para el mismo si se asumiera la tutela por ministerio de la ley.

Este fue denunciado por trato vejatorio a menores, cuando los jóvenes tendrían que estar, dice el colegio en un comunicado, tendrían que estar “protegidos por los poderes públicos”.

La Fiscalía de Ourense contempla una pena de tres años de prisión para el director del centro de menores y dos educadoras del Lar Río Casaio que se encuentra cerrado por los supuestos delitos de maltrato psicológico y contra la integridad moral de menores de edad.

Desde el colegio, advierten de que es en la Xunta en quien recae la responsabilidad de regular y garantizar que se cumplan los requisitos necesarios para una atención profesionalizada.

Según los datos de 2007 en Galicia se presentaron 1.781 casos de “maltrato institucional” en los centros de acogida de menores, según los propios informes de la Xunta.

Los portavoces del colegio denunciaron la escasa profesionalización del personal, consideran “negativo” que el 8,33% del equipo educativo no posea ninguna titulación oficial y que el 34,04% de los profesionales de atención directa cuenten con titulaciones ajenas a las Ciencias de la Educación. EFE 1011025

Unos apuntes sobre un interesante artículo de El País, en el que se explica que ya son 27.000 los menores tutelados por las comunidades autónomas. Cada vez son más, pese a que cada vez hay menos menores. ¿A qué se debe entonces?

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. [...]

Quienes hemos trabajado en centros de menores hemos vivenciado más de una vez cómo se intenta dar una solución a la situación del menor con “antigripales”, es decir actuando sobre los síntomas, y no sobre la causa. Mientras se trabaja desde el centro con el menor, intentando acompañarle en el difícil camino de la buena convivencia con los compañeros, la escolarización, la madurez afectiva y psicológica, etc. en la mejor de las ocasiones tal vez se hace un mínimo seguimiento de la situación familiar desde el centro. Una familia que encarna los problemas de la situación del menor y que no olvidemos que en un 90% es de bajos recursos, vive en un barrio en que los servicios sociales están colapsados y desconoce gran parte de sus derechos.

“No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU. [...]

Valdría tan sólo comparar desde mi propia experiencia la importancia que se le da a la Educación de Calle en Canarias y en Cataluña. Mientras que en la primera es algo aún anecdótico en los equipos de servicios sociales de zona, Barcelona integra al educador de calle como alguien más del paisaje urbano. Y qué decir de los llamados “centros de protección” en los que niños maltratados decidían fugarse del centro y regresar con su padre maltratador para evitar los abusos, extorsiones, robos y violencia de sus compañeros, ante la incapacidad de los educadores para atajar esas situaciones por falta de una ratio educador-menor adecuada o a veces, simplemente, por miedo e impotencia ante los menores agresores.

“Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”

Y para finalizar, respondiendo a la pregunta del título, ya que no lo hace el artículo. He trabajado dos años en centros de menores, centros de urgencias o acogida, por los que hay mucho más movimiento que los residenciales, y por lo tanto se ven más niños y niñas. Podría dar una cifra a “ojo” de unos 200 niños y niñas que he atendido. No consigo recordar uno sólo que hubiera estudiado bachillerato. Tampoco uno que estuviera matriculado o tuviera oportunidades de hacerlo en un ciclo formativo de grado medio.

Está claro que los centros de menores deberían ser la ultimísima opción, pero para eso hace falta voluntad y coraje para poner al día unos servicios sociales de zona deficientes e inadecuados, trabajar en los barrios y plazas, con las familias que no tienen tiempo ni recursos para educar a sus hijos y no pretender solucionar todos los problemas con la institucionalización.

El informe asegura que más de la mitad de los centros analizados (se investigó 27 de los 58 existentes en España) utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria. Así, se hace una especial mención a las “salas de agitación o reflexión”, donde se mete a los menores hasta 24 horas, como castigo. Son salas sin ventilación, insonorizadas, acolchadas y recubiertas de caucho negro que provocan una enorme angustia y un gran rechazo entre los menores.

Precisamente, en un lugar como este es donde se suicidó el pasado mes de diciembre Hammid, un niño marroquí de doce años que se encontraba en el centro de Picón de Jarama, uno de los analizados en el documento y asunto que impulsó, junto a otros casos parecidos, al Defensor del Pueblo a pronunciarse al respecto e investigar la verdadera situación de estos centros donde muchas veces se practican castigos que “no sólo atentan contra la salud psíquica de los menores, sino también contra su dignidad”.

Obviamente, los centros criticados y puestos en tela de juicio en el informe de Múgica, se han querido defender. Tal es el caso de la Fundación O’Belén, asociación encargada de gestionar los centros que han sido más criticados en el documento, quien niega todo lo que se dice y lo atribuye a que la evaluación del Defensor del Pueblo está basada en entrevistas con los menores. Asimismo, aseguraron que los centros “no tienen salas de aislamiento, pero sí salas especiales denominadas de baja estimulación o de contención, con protocolos de uso que están supervisados por la Fiscalía y de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, con una estancia nunca superior a 45 minutos y siempre supervisado por un educador”.

Pese a lo que digan, las cifras indican que en los últimos años se ha producido un aumento en el número de quejas, tanto por parte de padres alarmados, trabajadores de estas instituciones y de menores que habían sido “pacientes” de alguno de estos centros y querían denunciar la situación que vivieron.

Por su parte, asociaciones que defienden los derechos del niño han salido en la defensa de los menores, exigiendo que se tomen medidas penales y administrativas para los centros y las personas que hayan consentido los malos tratos. Las medidas de los grupos políticos tampoco se han hecho esperar, así, aunque la competencia de los centros de menores recae sobre las comunidades autónomas, se va a pedir a la Fiscalía General del Estado que actúe. También, el Grupo Parlamentario Socialista registrará una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a estudiar los casos de maltrato denunciados y a tomar medidas para evitar que se produzcan situaciones intolerables.

No se puede saber cual es la solución a este problema, del que dicen que sólo se conoce “la punta del iceberg”, pero ya son muchos los que piden nuevos reglamentos y profesionales en este ámbito, un reglamento común entre las comunidades autónomas para evitar la “disparidad de situaciones y protocolos” denunciada por el Defensor del Pueblo y el cierre de las instituciones donde han tenido lugar cualquier tipo de maltrato.

Una realidad que nos toca a todos diariamente.

El abuso de menores, forma parte de esos delitos que no se comentan, y de los que tanto víctimas como familiares tratan de olvidar, como si de la memoria dependiera el superar los efectos de los abusos. ¿Pero qué son los abusos de menores?; en breves líneas podemos decir que no hay diferencia entre los abusos contra un menor o un mayor, las formas y los métodos son los mismos, pero la gravedad de estos deplorables abusos radica en la corta edad de las víctimas, las cuales en su fragilidad tanto física, como psíquica son presas fáciles de los abusadores, algunos de los cuales hasta llegan a desplegar violencia y sadismo en sus actos. Sin ahondar en temas psicológicos que puedan describir a estos sujetos, podemos decir que en la mayoría de los casos son personas que cumplen en la sociedad sus actividades sin despertar grandes sospechas, y en la mayoría de los casos son personas allegadas al menor o su grupo familiar. Este dato que puede parecer obvio y que hasta puede parecer para algunos alejados de ellos, debe ser debidamente RECORDADO, ya que muchas veces, gente que se cree que esto no les pueda suceder subestiman al destino y terminan pagando un alto precio por sus descuidos, la imprudencia con los menores siempre es motivo de consecuencias duraderas.
Los tiempos han cambiado y más que los tiempos, deberíamos decir, la sociedad ha evolucionado en algunos aspectos y ha despertado también una serie de conductas que por la explosión de los medios de comunicación y difusión han permitido que algunos sujetos con “gustos” amorales y hasta delictivos, intercambien imágenes, textos, videos, y hasta transmitan en tiempo real por Internet sus “diversiones”. Estas conductas, que encuentran puntos de contacto con otros delitos, como ser la trata de menores, la prostitución infantil, el narcotráfico, la corrupción, han generado en sujetos depravados no solo un medio de satisfacción, sino también un negocio para los más temerarios, así, el abusador que ocultaba sus acciones, que evitaba poner en descubierto sus crímenes, hoy hasta han perdido el pudor de lo incorrecto y se animan a filmar y fotografiar sus andanzas, las cuales en una primera etapa conserva en su privacidad y luego comienza a difundir las mismas hasta que termina haciendo de esto un negocio que satisfaga la sed perturbada de otros sujetos como él.
Si bien, lo mencionado se orienta a los abusos sexuales de menores, también existen los abusos físicos, los maltratos de menores que muchas veces son desconocidos por los propios padres, maltratos que aunque uno no lo crea son cometidos por docentes en la mayoría de los casos, y en un último tiempo, los abusos entre menores, chicos que concurren a sus clases con una alta carga de violencia hogareña, una falta de dialogo y contención, que solo hacen que la forma de comunicación de los menores sea la violencia.
Hoy los padres tienen muchas obligaciones, y si bien es cierto que el factor económico obliga a ambos padres a trabajar, no menos cierto es que esa obligación no debe ser un motivo de distensión de la comunicación y el seguimiento de los hijos, máxime cuando son menores en formación, en un mundo que cada día les es más hostil. Generalmente los menores son de alguna manera rozados por la violencia y los abusos, pero estos suelen guardar silencio, muchos niños no comunican a sus padres los maltratos y menos cuando estos son cometidos por un mayor que los confunde con comentarios o amenazas; y estos se conocen recién cuando el menor o bien es desbordado emocionalmente por la situación padecida, o el abuso es visiblemente inocultable por sus secuelas físicas.
De las numerosas entrevistas a familiares de menores abusados o de mayores que recuerdan aún hoy el abuso padecido, surge que de ese alto porcentaje de sujetos allegados a los mismos, se encuentran desde familiares hasta vecinos, por eso es muy importante que los padres extremen en manos de quien dejan a sus hijos para su cuidado, y esto no es algo que tenga que ver con clases sociales, solo cambian las circunstancias y las motivaciones, pero el daño se consuma con iguales consecuencias, el alcohol, las drogas y ciertas conductas personales, alientan a algunos sujetos a llevar a cabo sus “fantasías”. También es algo que lamentablemente se presenta como más habitual los abusos de docentes, tanto en maltratos como en abusos sexuales.
Es de vital importancia el que los padres tengan comunicación con sus hijos, que les dediquen el tiempo diario para ver sus juegos, sus dibujos, sus conductas, por eso es importante el saber elegir el momento para tener un hijo, sabiendo que un hijo necesita sentirse contenido, pero además debe sentir que puede contar a sus padres sus vivencias diarias, consultar sus dudas y recibir respuestas a las mismas, orientarlos a evitar ciertos lugares solo y a no tolerar acciones impropias de mayores, sean estos quines sean.
Lo grave es que muchos de aquellos menores abusados, que difícilmente tuvieron ese tiempo y esa contención necesaria para minimizar las probabilidades de ser víctimas, tampoco tendrán la asistencia necesaria para llevar una vida con tamaña carga.
Para concluir, debemos saber que los menores se están formando en una sociedad cada vez más agresiva, donde los maltratos y los abusos son algo cotidiano y que ya no sorprende salvo los casos realmente mediáticos en los que el hecho tiene la efervescencia del momento.
Las autoridades tienen la obligación de que este tipo de delitos, sean estos el maltrato físico o sexual deben ser debidamente investigados, juzgados e incorporados a un sistema de archivo que permita tener una base de datos sobre los mismos en caso de ser necesario resolver algún abuso con un autor desconocido. Por otro lado los docentes, deberían ser debidamente evaluados en sus postulaciones de trabajo, evitando el designar a docentes al contacto con niños cuando existan indicadores de precaución. También las autoridades de los colegios deben hacer seguimientos de los alumnos con riesgo de abuso o maltrato y comunicar las inquietudes a las autoridades que correspondan, ya que podrían evitar un estigma en un menor.
Aunque muchos no lo crean o no lo acepten, el evitar que los menores sufran es algo de todos, si queremos una sociedad mejor debemos denunciar los casos que uno conozca o comunicar a las autoridades las sospechas. Pero por sobre todo debemos primero replantearnos cuánto sabemos de nuestros hijos, y cuánto tiempo les dedicamos, para escucharlos, para verlos jugar, para controlar sus cuadernos y acompañar su formación.
Son pequeños, llenos de vida e ingenuidad, traídos por nosotros a un mundo hostil, imperfecto, al que llamamos la jungla de cemento y en el que los más débiles siempre son potenciales víctimas, si bien es cierto que nadie puede estar en un 100% seguro de no sufrir un abuso o un maltrato, sí podemos reducir las posibilidades de muchos al minimizar las ocasiones. Muchos abusos se concretaron por falta de cuidado de los padres o de las personas a cargo de los niños, que o consintieron situaciones de riesgo o minimizaron conductas de mayores.